P2p, “peer to peer”, punto a punto, conexiones casi directas entre miles de usuarios que comparten ficheros.

Esta tecnología ya va por su tercera generación. La primera liderada por Napster, la segunda por KaaZa, y la tercera con una mula acelerada de por medio.

Y su difusión parece imparable, a medida que las comunicaciones se hacen más rápidas (y no más baratas, al menos en España) cada vez es mayor la cantidad de programas y archivos multimedia que podemos descargar de estas redes. ¿Ilegal?

Internet ha permitido sacarle punta a las leyes, difuminar los límites de lo legal, llevar al extremo cada artículo de cada libro de derecho existente. Sobre todo en lo referente a la libertad. El eterno conflicto que muchos resumen en una simple frase que en realidad nada resuelve: “tu libertad termina donde comienza la de los demás” y que yo encogería aún más hasta simplificarla con la escueta palabra “respeto”.

Una red p2p comprende varios elementos básicos. Uno es una red, compuesta por servidores, que comunican a los usuarios entre sí. Otra son los programas cliente que usamos para conectarnos a estas redes. Por supuesto, también los propios usuarios que utilizan este software, y, por último, los propios programas y ficheros que se comparten. ¿Cuál de estos elementos es ilegal? ¿Todos? ¿Algunos? ¿O la interacción de unos con otros? Los servidores conectan sistemas, son redes con información, y esto no lo diferencia mucho de un servidor web o cualquier otro ordenador de Internet. Además, cada servidor se encuentra en un punto geográfico distinto, con sus propias leyes y fórmulas, por lo que no se puede aplicar un mismo método para todos. Los programas cliente son software legal, que se ofrece gratuitamente para ser descargado desde muchos puntos de Internet. Esto es perfectamente legal. Los usuarios… ¿desde cuándo una persona es ilegal? En todo caso, sería necesario estudiar sus intenciones. Y los programas y archivos que se comparten… La información no es ilegal mientras no la ampare un derecho de copyright. Ahí entramos en el meollo de la cuestión. La mayoría de los archivos, películas, programas y música que nutren esta red están protegidos y esto es ilegal. No se puede adquirir gratuitamente una canción protegida, eso está bastante claro.

Pero… un momento. La ley ampara el derecho de la copia privada de seguridad. Cuando compramos un cedé de música, podemos hacer una copia para escucharla en el coche mientras mantenemos el original en casa, así que nada nos impide usar Internet para descargar una copia de un cedé que he adquirido legalmente, si no tengo o no sé usar la grabadora. De hecho, la mayoría de las páginas que ofrecen enlaces directos a descargas de la red de eMule (tipo spanishare.com) advierten de este derecho en su página de presentación para cubrirse las espaldas. La cosa se complica. Está claro que las personas con malas intenciones pueden no comprar el cedé, y descargarlo de Internet directamente. Así que estos usuarios estarían cometiendo un acto ilegal. Pero, la realidad es que no se lucran de estas descargas, no venden a terceros las películas o discos que descargan, así que volvemos al derecho de libre intercambio de información. Se debería luchar contra las redes que usan Internet para nutrir al “top manta” de discos y películas baratas de baja calidad, no contra el usuario que no se puede permitir pagar una entrada al cine para disfrutar de una buena película que, probablemente, ni siquiera se mantenga más de un fin de semana en cartel.
 
¿Cómo evitar esto entonces? En España, el despacho de abogados Landwell-PriceWaterhouseCoopers (PwC), anunció una denuncia presentada ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía que tenía por objeto 95.000 usuarios de p2p, de los que se elegirían los 4.000 que se hubiesen descargado más archivos. Consistía en una demanda común de 32 compañías del sector (que permanecieron en secreto) contra “quienes reproduzcan y distribuyan ilegalmente software profesional”. La demanda no iba dirigida contra las descargas de música, sino contra el tráfico de software español protegido. La organización española de la BSA, organismo internacional dedicado a la persecución del software pirata, se desmarcó de esta iniciativa alegando una diferencia de filosofía sobre los métodos de persecución del pirateo, y dejó a PwC sólo ante sus ideas.

Para defenderse de la violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones que ampara la Constitución y que la investigación de la demanda de PwC conllevaba, la Asociación de Internatuas puso a disposición de todos un programa denominado PeerGuardian que impide “el espionaje” al bloquear las direcciones IP solicitadas. Este programa de libre distribución y uso, puede descargarse desde la página web de su creador Methlab Productions. Impide las conexiones a nuestro cliente eMule de ciertos rangos de direcciones, pertenecientes, supuestamente, a los que pretenden espiar las comunicaciones. Los rangos son actualizables y se dan a conocer en foros y webs públicas.

La Asociación de la Industria Fonográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) también presentó por su parte 41 demandas contra personas que intercambian música por Internet ante tribunales federales por todo el país. Un portavoz sostuvo que la entidad tiene previsto advertir a otras 90 personas de que podrían ser demandadas en el futuro inmediato. Bajo las leyes de derecho de autor, cada acusado puede ser obligado a pagar compensaciones a las grandes discográficas de hasta 150.000 dólares por canción. La RIAA se ha ganado la impopularidad y, por qué no decirlo, el odio de millones de internautas norteamericanos, que han visto vengado “su honor” con la desfiguración de su página web en más de cuatro ocasiones, incluyendo mensajes alusivos a la libre información e intercambio de ficheros que hackers incrustaron en la propia portada de la asociación.

¿Hemos llegado a alguna conclusión? Me temo que no. Los usuarios expresan libremente su deseo de intercambiar información de forma libre y privada, y los que creen perder dinero, apuntan hacia donde no es, intentando investigar a los usuarios, en vez de a las mafias que se lucran de estas tecnologías. La industria audio-visual debe adaptarse a los nuevos tiempos, en vez de luchar contra una marea que tarde o temprano, acabará arrastrándole. La distribución de música explora ahora nuevos sistemas mucho más efectivos y baratos, y parecen no entender que 15 Euros por un cedé sigue siendo excesivo. Existen programas de descarga legal de música que ofrecen una calidad sin igual por mucho menos que el álbum físico, y han tenido éxito. ¿Por qué no se riden a la evidencia? Renovarse o morir.

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